¿Quién está creando confusión?

Hoy una amiga me hizo llegar un artículo titulado «El instituto que inventó la confusión», escrito por el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro. El título juega con la semejanza fonética entre «Confucio» y «confusión» para burlarse de los Institutos Confucio. En tono sarcástico, el embajador exhorta a las universidades peruanas a reconsiderar si deben mantener estos institutos y afirma expresamente: «No podemos trabajar con las universidades que tienen estos institutos».

La competencia internacional entre Estados Unidos y China es difícil de evitar. Pero que un embajador utilice públicamente las oportunidades de cooperación para presionar a las universidades del país donde está acreditado es, al menos hasta donde yo conozco, poco habitual.

Esto me recordó el artículo de Mirko Lauer, reconocido comentarista político peruano, publicado el 21 de julio en La República bajo el título «Pronto clausura de los chifas». Lauer recogía una versión según la cual el embajador estadounidense habría pedido a las cuatro universidades que albergan Institutos Confucio que los cerraran si deseaban seguir recibiendo ayuda de Estados Unidos. El artículo no presentaba documentos oficiales, pero la ironía del título era clara: si hoy quieren cerrar los Institutos Confucio, ¿mañana también querrán cerrar los chifas? Ahora, la afirmación de que no se puede colaborar con universidades que albergan estos institutos procede del propio embajador.

Navarro destaca su experiencia en Miami Dade College, acusa a los Institutos Confucio de estar bajo la influencia del Partido Comunista Chino y cuestiona la transparencia de su gestión y financiamiento. También sostiene que empresas propiedad del PCCh accedieron al campus a través del Instituto Confucio y realizaron un seguimiento de los estudiantes y sus datos.

La acusación es grave. Lamentablemente, no explica de qué empresas se trata, qué datos obtuvieron, cómo realizaron ese seguimiento, ni si existe un informe de investigación o alguna actuación judicial. El cargo de embajador no sustituye las pruebas y decir «yo lo viví», tampoco reemplaza los hechos verificables. Incluso si realmente hubo problemas en Miami Dade College, ¿por qué concluir que los cuatro institutos peruanos presentan los mismos problemas?

Las instituciones chinas que participan en estos proyectos son, en su mayoría, universidades públicas, y el Partido Comunista es el partido gobernante de China. ¿Acaso ese contexto institucional era un secreto? Pero ese contexto y la existencia de injerencia en las universidades peruanas o de vigilancia sobre sus estudiantes son asuntos que deben demostrarse por separado. No se puede atribuir todo lo demás simplemente porque la contraparte sea china.

En cuanto al financiamiento, los Estatutos de los Institutos Confucio publicados por el Ministerio de Educación de China en 2006 establecían que la parte china aportaría fondos iniciales y que los proyectos anuales serían financiados conjuntamente por ambas partes, generalmente en una proporción cercana de uno a uno. En 2020 se creó la Fundación China para la Educación Internacional en Chino, que asumió la gestión de la marca y recauda recursos de universidades, empresas y organizaciones sociales para apoyar estos proyectos. También se han publicado listas de entidades donantes.

Por supuesto, que la estructura general de financiamiento sea pública no significa que se hayan publicado todas las cuentas de cada instituto. Si hace falta transparencia, que se revisen las cuentas; si se sospecha de injerencia, que se investigue. Pero recibir fondos chinos no equivale a perder la autonomía universitaria, y mucho menos demuestra que exista vigilancia.

Según el Informe Anual de Desarrollo de los Institutos Confucio 2025, al cierre de ese año había 513 institutos en 164 países y regiones. Si alguno presenta problemas, que se aporten las pruebas y que las autoridades locales competentes actúen conforme a la ley. Describir de manera general a toda una red educativa como una amenaza y exigir luego que las universidades peruanas elijan resulta demasiado cómodo.

El embajador también pregunta si estos institutos contribuyen al fortalecimiento de las instituciones educativas peruanas y a su futuro.

La respuesta no es difícil. Según un recuento aproximado proporcionado por responsables de los cuatro institutos peruanos, hasta fines de 2019, 361 estudiantes habían viajado a China con becas de estudio y otros 475 habían participado en campamentos de verano. Los programas de becas continuaron después. La Universidad Ricardo Palma abrió en 2011 la especialidad de traducción chino-español y, según información publicada en 2025, ya había formado a más de 200 egresados. Hablamos de formación profesional universitaria, no de certificados por asistir a unas cuantas actividades culturales.

¿Qué tiene de contrario al «desarrollo futuro» que los estudiantes peruanos dominen otro idioma, accedan a una beca o amplíen sus opciones profesionales? Para evaluar estas colaboraciones habría que escuchar, por lo menos, a los estudiantes, los egresados y las propias universidades. No puede ser únicamente el embajador estadounidense quien juzgue por ellos.

Resulta curioso que, al hablar de los Institutos Confucio, Navarro destaque los vínculos políticos y los riesgos de seguridad; pero, al referirse al programa estadounidense Fulbright, hable de oportunidades y sueños. Por supuesto que los intercambios educativos estadounidenses pueden ofrecer oportunidades. Pero ¿por qué las oportunidades que ofrece China deben interpretarse de entrada como parte de una agenda oculta? Si hay que examinar los programas, que se aplique el mismo criterio.

Más desconcertante aún es que afirme, por un lado, que la independencia del Perú debe permanecer en manos de los propios peruanos y tampoco en las del Gobierno estadounidense; y, por otro, advierta a las universidades que, si mantienen sus Institutos Confucio, no podrán colaborar con ellos.

¿Eso es respetar las decisiones de los peruanos o indicarles cuáles merecen la aprobación de Estados Unidos?

Las universidades peruanas tienen derecho a revisar, modificar e incluso poner fin a su cooperación con los Institutos Confucio. También tienen derecho a mantenerla si consideran que les beneficia. Ese derecho no debería valer menos porque a un embajador extranjero no le guste la contraparte.

Cuando se invoca la libertad académica mientras se utilizan las oportunidades de cooperación para exigir una decisión determinada, el embajador tiene algo que explicar: ¿defiende el derecho de las universidades peruanas a elegir libremente o su obligación de elegir conforme a los deseos de Washington?

Confundir ambas cosas es, precisamente, crear confusión.