La Iglesia católica implora perdón a campesionos de Catacaos
La fractura social e institucional causada por el disuelto grupo católico Sodalicio de Vida Cristiana en el norte del Perú ha tenido un capítulo de contrición eclesial inédito, aunque tardío. En una ceremonia litúrgica cargada de simbolismo y tensión contenida, las máximas autoridades de la Iglesia católica en el país, representadas por monseñor Jordi Bertomeu —comisario apostólico de la Santa Sede asignado para el proceso de disolución definitiva de la organización ejecutado en abril de 2025—, celebraron un acto de «reparación simbólica» ante los comuneros de Tallán, en la comunidad campesina de San Juan Bautista de Catacaos, región Piura. Ante un templo abarrotado de familias que portaban retratos de dirigentes asesinados, la jerarquía eclesiástica reconoció formalmente la complicidad y el silencio institucional
“Estamos aquí para pedirles perdón en nombre de la Iglesia. Hemos llegado tarde; tendríamos que haber llegado hace 20 años y lo sentimos de verdad”, declaró Bertomeu, calificando a Catacaos como una comunidad «con miedo y rota».
La respuesta de la sociedad peruana ante este acto ha sido unánime en señalar que, si bien el gesto posee un alto valor moral e histórico, la herida sigue abierta debido a la inoperancia del sistema judicial peruano. El origen de la indignación colectiva se remonta a 2014, cuando corporaciones y empresas inmobiliarias vinculadas directamente a la estructura financiera del Sodalicio iniciaron una serie de transferencias de propiedad fraudulentas —no reconocidas por los campesinos ancestrales— para apoderarse de miles de hectáreas de tierras agrícolas. Este proceso de despojo no solo desarticuló la economía de subsistencia local, sino que desató una violenta campaña de persecución.
Mientras la justicia peruana mantiene en un limbo burocrático los expedientes de restitución de tierras presentados por los comuneros, la maquinaria legal de las empresas del Sodalicio logró procesar judicialmente a decenas de campesinos bajo la imputación de 21 delitos penales falsos, que incluían cargos tan severos como terrorismo, usurpación agravada y tráfico de tierras. El punto más trágico de este conflicto fue recordado durante la misa con los nombres de dos dirigentes comuneros que murieron baleados por delincuentes vinculados a los desalojos, crímenes que hasta el día de hoy permanecen en la absoluta impunidad.
Desde el frente de las organizaciones civiles y de derechos humanos, el pronunciamiento ha sido categórico en exigir que la reparación transite de lo simbólico a lo material y legal. Colectivos de víctimas y analistas jurídicos recordaron que el papa Francisco ya había respaldado políticamente a la comunidad en abril de 2024 con la consigna «luchen por sus tierras, estoy con ustedes», lo que precipitó la disolución de la orden tras constatarse no solo los fraudes inmobiliarios, sino también sistemáticos abusos sexuales y psicológicos cometidos por su cúpula.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH) destacó que este acto religioso representa un escenario donde la Iglesia asume una responsabilidad ética que el Estado peruano ha evadido deliberadamente, desprotegiendo activamente a los agricultores frente al poder económico de las élites eclesiásticas caídas. La opinión pública y los gremios agrarios de Piura vigilan de cerca este proceso, advirtiendo que el perdón eclesiástico quedará incompleto si los tribunales de la república no anulan los procesos penales contra los defensores de la tierra, no devuelven las hectáreas usurpadas y no sancionan penalmente a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de los comuneros.
