Los riesgos de exclusión en la nueva Ley de Colegiatura Artística

El Congreso saliente cerró su periodo legislativo con una de las decisiones más cuestionadas y menos debatidas para el ecosistema cultural del país: la aprobación de la Ley 32645, norma que determina la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú. Presentada originalmente bajo la bandera ideológica del partido Perú Libre como una aparente reivindicación laboral y un mecanismo de formalización sectorial, la ley ha encendido las alarmas de gremios, colectivos y creadores, quienes denuncian haber sido relegados a la condición de simples espectadores en un proceso que afecta directamente su derecho constitucional al trabajo y a la libre expresión.

El vicio de origen de esta legislación reside en su profundo desconocimiento de la sociología del arte en el Perú. Al exigir de manera punitiva y obligatoria un título universitario para formar parte del colegio profesional, la norma proscribe y descalifica administrativamente a miles de actores, dramaturgos, músicos tradicionales, danzantes y artistas plásticos cuya formación se ha consolidado legítimamente en talleres independientes, agrupaciones comunitarias o mediante la vía autodidacta. Esta última constituye una tradición tan histórica e importante para la identidad cultural peruana como la educación formal de claustro.

«La libertad de creación es un derecho cultural inalienable que el Estado debe fomentar, no pretender ordenar ni supervisar bajo lógicas de control burocrático».

Diversas personalidades de la escena nacional, como la actriz Mónica Sánchez, junto con directores de centros culturales independientes, han exigido de forma unánime la derogatoria inmediata de la norma, demandando la instalación de una mesa de diálogo técnico que incluya a los verdaderos operadores de la cultura. La preocupación, no obstante, excede los linderos estéticos. La ley introduce un artículo restrictivo que impide a personas inhabilitadas para la función pública asumir cargos directivos dentro del colegio profesional. Organizaciones como el colectivo En Defensa del Cine Peruano advierten que este mecanismo representa un filtro político encubierto, diseñado para bloquear la representatividad de voces críticas al poder de turno bajo un ropaje técnico-administrativo.

Es sintomático que el proyecto fuera canalizado y dictaminado de forma exclusiva por la Comisión de Educación, eludiendo deliberadamente el análisis de la Comisión de Cultura presidida por la congresista Susel Paredes, quien calificó la iniciativa como un esquema netamente excluyente. Este patrón de legislar «de contrabando», aprovechando periodos de baja atención pública o de transición política, evoca iniciativas regresivas recientes dentro del último quinquenio, tales como los intentos de recorte de fondos de la ley de cine promovidos desde bancadas de derecha como Avanza País.

El actual Parlamento bicameral tiene la responsabilidad histórica de corregir este atropello mediante un proceso de revisión integral. El Estado debe entender que la cultura se dinamiza mediante el estímulo financiero, la protección social y el respeto a la diversidad de saberes; cualquier intento de centralizar y fiscalizar la condición de artista mediante un carné gremial universitario es, por definición, un retroceso autoritario incompatible con una sociedad democrática.