Crisis en la Decana de América: Toma de la Universidad de San Marcos por fraude electoral
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) enfrenta actualmente una crisis institucional profunda que ha derivado en la toma de su campus central, una medida de fuerza que coincide con la celebración del aniversario de la institución y que ha provocado la suspensión de actividades presenciales y eventos conmemorativos como las tradicionales verbenas. Esta movilización estudiantil responde a una serie de cuestionamientos hacia la gestión de la rectora Jeri Ramón Ruffner y, específicamente, a las denuncias de irregularidades durante el reciente proceso de elecciones internas para elegir a los representantes ante los órganos de gobierno universitario. Los estudiantes han reportado la exclusión arbitraria de listas opositoras, la manipulación de padrones electorales y, como punto crítico de tensión, el robo de urnas durante la jornada de votación, actos que, según los colectivos estudiantiles, confirman una voluntad deliberada de perpetuarse en el poder y anular la pluralidad política dentro de la Decana de América.
Este escenario electoral no es un evento aislado, sino que se inscribe en una trayectoria de tensiones políticas que han vinculado la gestión de la rectora Ramón con sectores conservadores del Congreso, principalmente con la bancada de Fuerza Popular. Diversos analistas y organizaciones de la sociedad civil han documentado una relación estrecha entre la administración de la UNMSM y legisladores fujimoristas, alianza que se ha hecho evidente en el respaldo mutuo para promover cambios legislativos que han debilitado la reforma universitaria, incluyendo la pérdida de autonomía y capacidad sancionadora de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
Esta vinculación es interpretada por los estudiantes como parte de un proyecto político más amplio que busca desmantelar los estándares de calidad educativa y devolver a las universidades públicas a un esquema de control político y administrativo, alejándolas de la meritocracia y la transparencia que la ley 30220 pretendía establecer.
La susceptibilidad de la comunidad universitaria frente a estas acciones debe entenderse a la luz de los antecedentes de violencia institucional sufridos recientemente. Es imposible ignorar el trauma colectivo dejado por la intervención policial del 21 de enero de 2023, cuando el campus de San Marcos fue invadido por tanquetas y efectivos policiales que derribaron puertas y detuvieron a cerca de 200 personas, incluyendo estudiantes y manifestantes de provincias. Aquella incursión, realizada bajo el argumento de combatir actos delictivos durante las jornadas de protesta contra el gobierno nacional, dejó una profunda cicatriz en la autonomía universitaria, reforzando la percepción estudiantil de que el campus es un espacio bajo asedio constante y que el ejercicio del poder dentro de la universidad es, cada vez más, una extensión de la represión política externa.
Ante la narrativa que busca deslegitimar la toma actual tildándola de vandalismo o asociándola con ideologías extremistas mediante los calificativos de «rojos» o «terroristas», es necesario precisar que la toma de la universidad es un mecanismo histórico de protesta, legítimo y profundamente arraigado en la tradición democrática del Perú. El derecho a la protesta está amparado por la Constitución como una herramienta esencial para la rendición de cuentas, especialmente cuando los canales institucionales de diálogo han sido bloqueados o capturados por intereses particulares.
La protesta estudiantil no constituye un acto vandálico ni es una amenaza a la seguridad; es, por el contrario, un ejercicio de vigilancia ciudadana sobre una institución pública que maneja presupuestos estatales y tiene la responsabilidad de formar a la clase dirigente del país. Estigmatizar esta acción es una táctica distractora para evitar discutir el fondo del problema: la crisis de legitimidad de las autoridades actuales.
Finalmente, es importante desmitificar el supuesto daño irreparable al calendario académico. Las tomas estudiantiles en San Marcos han demostrado, en ciclos anteriores, que no producen retrasos significativos en la currícula ni en la formación profesional. La universidad cuenta con mecanismos de recalendarización y una infraestructura tecnológica que permite transitar a la virtualidad sin mayores perjuicios para el estudiantado.
La preocupación por el «perjuicio académico» suele ser utilizada como una herramienta de presión por parte de las autoridades para desmovilizar a los estudiantes, desplazando el foco de atención hacia los días perdidos de clases y alejándolo de la problemática central: la pérdida de la democracia interna y la erosión de la calidad institucional que, a largo plazo, sí representan un daño real y duradero para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
