S/ 200 millones en pérdidas por obras inconclusas frente a El Niño
La historia de las emergencias climáticas en el Perú suele repetirse como un ciclo trágico de destrucción, promesas presupuestales e impunidad administrativa. Casi una década después de que las lluvias torrenciales de El Niño Costero de 2017 provocaran el colapso de la quebrada San Idelfonso y sepultaran bajo el lodo las calles de Trujillo —reviviendo las escenas de 1998 con un saldo de 24 muertos y cerca de 80 mil damnificados en La Libertad—, el balance del gasto público arroja resultados alarmantes.
Una exhaustiva investigación basada en auditorías oficiales de la Contraloría General de la República emitidas entre 2020 y 2026 determinó que la deficiente gestión y la corrupción en las obras de mitigación han provocado pérdidas económicas directas al Estado por más de S/ 200 millones. El análisis pone bajo la lupa las operaciones de la extinta Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y de su sucesora, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), acumulando investigaciones administrativas, civiles y penales contra 44 funcionarios públicos.
Sobrecostos del 140% y obras a medio construir
El examen técnico a una muestra de 32 proyectos estratégicos de defensas ribereñas, encauzamiento de ríos y drenajes pluviales evidencia una distorsión estructural en el manejo de los recursos. Obras concebidas para ejecutarse con presupuestos definidos terminaron superando los S/ 2,000 millones, lo que representa un sobrecosto del 140% respecto al valor original adjudicado, sin que ello se traduzca en una protección efectiva para las cuencas urbanas del norte.
El caso de la quebrada San Idelfonso en Trujillo ilustra la gravedad de este patrón:
- Perjuicio específico: La Contraloría detectó un desfalco de S/ 16 millones en la ejecución de los diques y canales de derivación.
- Responsabilidades: Se halló responsabilidad civil, administrativa y penal en cinco exfuncionarios de la ARCC y de la ANIN (entidad que absorbió la cartera en 2024).
- Impacto social: La obra acumuló suspensiones técnicas y pagos por conceptos no justificados, dilatando su entrega y dejando desprotegida a la capital liberteña.
La lección no aprendida frente al riesgo futuro
Aquel evento del 2017 dejó 169 fallecidos a nivel nacional, 64,000 viviendas destruidas y pérdidas materiales estimadas en más de USD 3,000 millones, según estimaciones del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES). Pese a la magnitud de esos daños, la transición institucional hacia la ANIN no logró subsanar a tiempo los vicios de origen en los contratos ni frenar el drenaje de fondos públicos.
Con pronósticos oceanográficos que advierten la continuidad de anomalías térmicas y lluvias estacionales hacia el verano de 2027, el país enfrenta un escenario crítico: miles de millones de soles invertidos en consultorías, adendas y proyectos paralizados que no han logrado consolidar una infraestructura resiliente. La factura de la mala gestión no solo se mide en los S/ 200 millones perdidos en el papel contable, sino en la vulnerabilidad latente de millones de ciudadanos en la costa peruana.
