Realismo y prudencia: El rumbo de las relaciones comerciales entre el Perú y China ante el nuevo Gobierno

La conclusión oficial del proceso de escrutinio electoral y la victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta por un estrecho margen inferior a los 50,000 sufragios marcan el inicio de un nuevo periodo de transición política en el Perú. Como es habitual ante cada relevo institucional en Palacio de Gobierno, la sociedad civil, las corporaciones y los mercados internacionales concentran su atención en la dirección que adoptará la política exterior y económica del nuevo Ejecutivo. En ese contexto, dada la condición de la República Popular China como el principal socio comercial e inversionista estratégico del país, el diseño de la relación diplomática con Pekín emerge como el debate medular para la estabilidad financiera nacional.

En determinados círculos de análisis político suele simplificarse la diplomacia de las economías emergentes bajo una dicotomía reduccionista: alinearse rígidamente en una postura «pro-China o pro-Estados Unidos». Sin embargo, la política exterior de una nación madura y soberana no puede guiarse por afinidades ideológicas o presiones geopolíticas externas; debe estructurarse estrictamente sobre la base del interés nacional y el bienestar de sus ciudadanos. La administración entrante posee la legitimidad democrática para auditar, fiscalizar y reevaluar los marcos de cooperación del pasado, exigiendo mayores estándares de transparencia, mitigación del impacto socioambiental y estricto respeto a los derechos laborales de las comunidades locales. Toda inversión extranjera, sin distinción de bandera, está obligada por ley a acatarse a la legislación peruana.

«Un giro brusco o una alteración artificial de las relaciones con China por razones ideológicas afectaría directamente la canasta familiar y erosionaría la predictibilidad jurídica internacional del Perú».

Elevar la calidad y la rigurosidad de las reglas de juego institucionales no implica, bajo ningún concepto, alterar de forma destructiva el rumbo de una alianza comercial forjada de manera orgánica por las fuerzas del mercado. China concentra los flujos de inversión de los sectores columnares del PBI peruano: la gran minería de cobre, la generación y transmisión eléctrica y la infraestructura portuaria pesada. Paralelamente, el mercado asiático constituye el destino fundamental de los despachos de harina de pescado y de la agroexportación premium de arándanos, paltas y uvas que sostienen el empleo de miles de familias en las regiones del interior del país.

Con la consolidación de la primera fase operativa del Puerto de Chancay en este año 2026, el vínculo bilateral ha trascendido el mero intercambio de materias primas para estructurar cadenas globales de valor integradas a la manufactura y la alta tecnología logística. Introducir incertidumbre artificial o promover un enfriamiento de estas relaciones comerciales tendría un costo económico inmediato que no asumiría Pekín, sino las familias peruanas de a pie a través de la pérdida de empleos y la contracción de los mercados de exportación. El nuevo gobierno debe entender que la diplomacia exitosa de un país interconectado radica en cooperar de forma soberana con todos los bloques de poder global —incluyendo a Estados Unidos, Europa y Japón—, entendiendo que las administraciones pasan, pero los intereses económicos y el desarrollo del pueblo peruano permanecen estables.