La parálisis operativa del Minsa: Los riesgos de una transferencia gubernamental sin balances claros.

La culminación del proceso electoral y el inminente anuncio oficial de los resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) marcan el inicio formal de la transferencia de gobierno para el periodo constitucional 2026-2031. Este procedimiento técnico obliga a todos los sectores del Ejecutivo a conformar comisiones mixtas que, bajo la estricta supervisión de la Contraloría General de la República, auditen inventarios, estados financieros, proyectos de inversión y planes epidemiológicos. Sin embargo, en el Ministerio de Salud (Minsa), este periodo de transición institucional ha provocado una preocupante parálisis operativa y una preocupante desmotivación burocrática que amenaza la continuidad de los servicios sanitarios más críticos del país.

Durante las últimas semanas, la agenda de la alta dirección del Minsa se ha limitado a la difusión rutinaria de campañas de bajo perfil —tales como la prevención del cáncer, el monitoreo del sarampión y esquemas de vacunación— delegando las tareas de fondo en directores de línea y desendiendo la gestión de riesgos estacionales urgentes, como las heladas en las zonas altoandinas y el friaje en la Amazonía. Pese a que el tiempo corre en contra antes de la entrega de cargo fijada para el 28 de julio de 2026, la ausencia de lineamientos claros por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) mantiene a los altos funcionarios del Minsa absorbidos en el papeleo administrativo, descuidando la rendición de cuentas pública y dejando de lado la resolución de problemas estructurales graves en la red hospitalaria nacional.

«Exigir desde el más alto nivel el retorno al uso del papel y los archivadores físicos representa un retroceso imperdonable que atenta contra la modernización de la salud pública en el Perú».

Las falencias del sector se arrastran en múltiples frentes sin que la actual gestión muestre capacidad técnica de respuesta. En primer lugar, los hospitales de Lima y regiones continúan sumidos en el hacinamiento crónico, con salas de emergencia saturadas por consultas que no califican como urgencias médicas y un personal de guardia expuesto a la sobrecarga laboral y a un proceso creciente de judicialización de su práctica. En segundo lugar, el despliegue del Modelo de Cuidado Integral mediante las Redes Integradas de Salud (RIS) se mantiene por la sola inercia de los funcionarios de base. A esto se suma un alarmante boicot político contra la transformación digital: desde el propio despacho ministerial se ha ordenado congelar el financiamiento de la historia clínica electrónica para retornar al obsoleto uso de archivadores de papel en físico físicos, bloqueando los avances logrados en Lima Metropolitana e invalidando los cimientos técnicos necesarios para la telemedicina.

La crisis se agrava al analizar la gestión del capital humano y la infraestructura física. El Minsa ha sido incapaz de convocar este año al concurso nacional para las plazas del residentado médico, dejando desiertas las vacantes para segundas especialidades en los institutos nacionales, lo que agudizará el déficit de médicos especialistas para el año entrante. Al carecer de lineamientos y metas claras, el sector pierde toda capacidad de negociación política ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para exigir un incremento presupuestal de cara al presupuesto 2027. Asimismo, el programa del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) se ha consolidado en este 2026 como un motor de exclusión laboral: de los 38,000 profesionales graduados que postularon al proceso, solo 7,000 obtuvieron una plaza vacante, dejando a 31,000 médicos, enfermeros y psicólogos en el limbo legal, impedidos de trabajar para el Estado o realizar especializaciones debido a los candados de la ley actual. El Minsa no puede retirarse dejando una cartera de infraestructura hospitalaria paralizada y sin un diagnóstico transparente con indicadores técnicos. La salud pública no resiste sorpresas de última hora.